El mercado laboral plantea un sinfín de barreras para las personas con discapacidad que resultan en un alto índice de paro y unos niveles de precariedad superiores a la media. Sin embargo, existe un agravante que multiplica las dificultades a las que se enfrentan las personas con diversidad funcional que quieren acceder al mercado de trabajo: ser mujer.
Mujer y discapacidad: doble discriminación
Ser mujer es un agravante para las personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo. Si el porcentaje de personas con diversidad funcional contratadas ya acusa una gran diferencia respecto al del resto de la población, en el caso de las mujeres con alguna discapacidad es aún menor. Esto provoca que las mujeres con discapacidad conformen uno de los segmentos de nuestra sociedad con menos recursos y en mayor riesgo de exclusión social, como denuncian desde la Fundación CERMI MUJERES.
La falta de formación o al difícil acceso a la misma que les permita ser competitivas, la alta tasa de inactividad laboral, las dificultades de acceso al mercado de trabajo, la brecha digital de género, la feminización de las tareas no productivas (como las tareas domésticas o de cuidados), la brecha de género en cuanto a salarios de hombres y mujeres… Éstas y otras formas de discriminación por razón de género y de discapacidad son las que separan a las mujeres con diversidad funcional del derecho al trabajo y a una vida digna.
Las mujeres con discapacidad en el mercado laboral: altas tasas de paro e inactividad, y brecha salarial
Las personas con discapacidad en situación de empleo no llegan a 500.000; son en torno al 25% de las personas con diversidad funcional en activo. En el caso de las mujeres con discapacidad, y según datos de 2017, el último año del que el INE tiene información, los números no difieren tanto con los de los hombres de su misma condición. El 65% de ellas se encuentra inactivo a nivel laboral, y de las que se encuentran en activo, sólo trabaja el 25,6%, frente al 26% en el caso de los hombres. Respecto al resto de la población, de las mujeres en activo cuenta con trabajo el 58,2%, frente al 70,8% de los hombres. Es mayor la diferencia entre hombres y mujeres del resto de la población que de las personas con discapacidad.
Desde el punto de vista de la contratación, y como recoge el Informe 4 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, los contratos hacia mujeres con discapacidad suponen únicamente el 1,3% de todos los contratos a mujeres realizados en España durante 2017: una cifra casi irrisoria que hace patente la dificultad del colectivo de acceder a un puesto de trabajo. Respecto a sus compañeros hombres, las mujeres con discapacidad suponen el 38,4% de las contrataciones a personas con diversidad funcional, brecha que evidencia la doble discriminación que sufren como colectivo.
Por otro lado, las mujeres con discapacidad son el sector de la población con el menor salario medio anual: 17.778€ frente a los 20.835€ que cobran los hombres con discapacidad, los 20.107€ que cobran las mujeres del resto de la población y los 26.162€ que cobran los hombres del resto de la población.
El empobrecimiento resultado de la alta precariedad laboral
Las altas tasas de paro e inactividad, las condiciones precarias de las contrataciones o la enorme brecha salarial tanto entre sus compañeros hombres con diversidad funcional como hacia el resto de la población, conducen a las mujeres con discapacidad a unas situaciones de empobrecimiento y precariedad mayores de las que puedan vivir personas de otros segmentos sociales.
Erradicar la brecha de género entre hombres y mujeres es responsabilidad de todos y todas como sociedad, pero en el camino no hay que olvidar que las diferentes formas de opresión y discriminación son como capas que se pueden apilar unas sobre otras. Así, las mujeres con diversidad funcional sufren doble discriminación: una por ser personas con discapacidad, y otra también por ser mujeres.
